• La infanta Cristina es imputada por delito fiscal en el caso Nóos

    La Vanguardia– La Audiencia de Palma la desimputa del delito de blanqueo de capitales

    La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada

    El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha notificado este viernes el auto en el que ha resuelve mantener la imputación de la infanta Cristina, junto a la de otros once encausados en el caso Nóos. El tribunal alude a dos posibles delitos fiscales, pero retira la imputación por blanqueo de capitales. Ahora la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares y popular podrán formular acusación contra ella y pedir que sea juzgada.

    En un auto dictado por unanimidad de los tres jueces, el juzgado ha resuelto los catorce recursos de apelación presentados por las partes personadas en el caso Nóos al escrito con el que el juez Castro concluyó la instrucción el pasado 25 de junio. La sección segunda estima parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la defensa de la Infanta, al archivar el delito de blanqueo.

    Su imputación por dos delitos contra la Hacienda Pública se basa en el papel que ejerció en la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria al 50 por ciento junto a su marido, Iñaki Urdangarin, quien habría utilizado esta empresa para defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor. Todo ello con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta.

    El propio José Castro, instructor del caso Nóos, llegó a considerar Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales.

    Las partes acusadoras deberán presentar ahora sus escritos para proponer qué personas quieren que sean juzgadas, por qué delitos y qué penas solicitan para ellas. Las defensas también plantearán sus argumentos y, en base a esos documentos, el juez instructor dictará el auto de apertura de juicio oral.

    El tribunal de la Audiencia Provincial formado por su presidente y ponente, Diego Gómez-Reino, y los magistrados Mónica de la Serna y Juan Jiménez, han resuelto por segunda vez mantener la imputación de la Infanta, después de que en abril de 2013 dejase sin efecto su encausamiento por los mismos delitos en que habría incurrido su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos.

    No implica que se vaya a sentar en el banquillo

    El mantenimiento de la imputación de la infanta Cristina por dos delitos fiscales no implica necesariamente que vaya a sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio del caso Nóos, algo que depende de nuevo de la decisión del juez Castro. Llega el turno de las acusaciones y será de nuevo el juez instructor quien regule esta fase intermedia del procedimiento abreviado.

    Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares (la Abogacía del Estado en nombre de Hacienda, y la de la comunidad autónoma de Baleares en representación del Govern), y las populares (el sindicato Manos Limpias y el grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia) deberán presentar en cuestión de diez días sus escritos de acusación, donde concretarán a quienes acusan, de qué delitos y qué penas solicitan para ellos.

    Si las acusaciones mantienen las posiciones que han sostenido durante la instrucción, ni la Fiscalía ni las abogacías públicas acusarán a la hermana del Rey, y únicamente Manos Limpias formulará acusación contra ella.

    Ante este escenario, el juez Castro deberá dictar un auto de apertura de juicio oral, donde definirá qué personas irán a juicio y cuáles no, y tendrá que pronunciarse de nuevo sobre la infanta, han indicado a Efe fuentes jurídicas. El juez Castro puede entender que la acusación popular es suficiente para sostener la acusación contra la infanta por delito fiscal e incluirla en el auto de apertura de juicio oral, una decisión que implicaría que la duquesa de Palma se sentaría en el banquillo y ante la cual no cabe recurso.

    Pero, por contra, Castro podría considerar que la acusación popular no es suficiente. Existe el precedente de la llamada doctrina Botín, fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007 donde dijo que, en caso de delito fiscal, “no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien la acusación particular”.

    Si el juez Castro sobresee la causa en relación con la infanta Cristina en el auto de apertura de juicio oral, esta decisión se puede recurrir y de nuevo debería resolver la Audiencia de Palma. En el caso de que la Audiencia decidiera de nuevo que se puede llevar adelante la acusación, la infanta iría a juicio.

    Ante dicha situación, la defensa de la infanta podría plantear que se ha vulnerado el principio acusatorio, pero sería únicamente como cuestión previa al inicio del juicio oral, lo que se resolvería mediante un auto previo (interrumpiendo el juicio) o ya en la sentencia.

    Tras el definitivo auto de apertura de juicio oral, se dará trámite a las defensas, un nuevo paso del procedimiento que podría alargarse. Posteriormente, la Audiencia de Palma fijará la fecha para la celebración del juicio, una vista oral que dada la carga de trabajo de dicho organismo judicial no tendría lugar previsiblemente hasta finales de 2015 o principios de 2016. El tribunal de la Audiencia que juzgará a la infanta será designado por turno de reparto.

    Existe un listado que incluye a los ocho magistrados titulares de la Audiencia de Palma (Francisca Ramis, Gema Robles, Eleonor Moyà, Juan Pedro Yllanes, de la sección primera, y Diego Gómez-Reino, Mónica de la Serna, Ana María Camesselle y Juan Jiménez de la segunda), y podría corresponderle ser ponente a cualquiera de ellos, que designaría a quienes le acompañan para formar la sala.

    Ante el elevado número de encausados y su indiscutible interés mediático, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares deberá habilitar la infraestructura y medios oportunos para la celebración del juicio.

    Urdangarin, otra imputación

    La Audiencia también ha acordado añadir un delito a las imputaciones que pesan sobre Iñaki Urdangarin, el blanqueo de capitales, que también atribuye a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro. El tribunal ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en este caso.

    La nueva imputación para Urdangarin supone que está acusado de nueve delitos: prevaricación, fraude, tráfico de influencias, malversación, fraude a Hacienda, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo.

    En total, el marido de la infanta sumaba 24 delitos y desde hoy son 25: cinco delitos de prevaricación, cinco de fraude, cinco de tráfico de influencias, cuatro de malversación, dos contra Hacienda, uno de falsedad, uno de estafa, uno de falsificación y uno de blanqueo.

    La Audiencia de Palma puntualiza que imputa este nuevo delito a Urdangarin, Torres y Tejeiro “sin necesidad de practicar nuevas diligencias de investigación o de tener que tomar declaración para poder formular acusación” contra ellos.

    Cuatro años de instrucción

    El inicio del caso Nóos se remonta a julio de 2010, cuando el juez instructor del caso Palma Arena abrió una nueva pieza en la causa en la que solicitaba información sobre los convenios firmados, en 2005 y 2006 entre el Govern balear y el Instituto de dicho nombre que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarín. A raíz de las investigaciones se descubrió una red de sociedades vinculadas a la entidad y creadas, supuestamente, para el lucro del marido de la infanta y su entonces socio, Diego Torres. A ambos se les descubrieron u otorgaron cuentas en el extranjero en países como Belice, Suiza y Luxemburgo.

    La declaración como imputado de Urdangarín ante el juez Castro el 25 de febrero de 2012 en la que desvinculó y exculpó a la infanta Cristina de la gestión del instituo Nóos no la salvó de la imputación del magistrado instructor el 3 de abril de 2013 sólo unos meses más tarde de que su marido hubiera bajado, por segunda vez, la rampa de los juzgados de Palma después que la Agencia Tributaria le acusara de fraude junto a su exsocio. Sin embargo, la Audiencia revocó la imputación de la infanta a raíz del recurso que el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach puso a dicha iniciativa judicial. El Tribunal marcó, sin embargo, nuevas líneas de investigación al juez instructor quien volvió a imputar a Cristina de Borbón el 8 de enero de este año. La hermana del Rey compareció ante José Castro a quien negó tener conocimiento de las presuntas irregularidades cometidas por su marido, en quien confiaba, al frente del Instituto Nóos o de Aizoon.

    Las explicaciones no convencieron al magistrado, que cerró la instrucción del caso, en junio, con la imputación de 15 personas, entre ellas la infanta- por blanqueo de capital y delitos fiscales- , su marido-a quien atribuyó malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa y fraude a la Administración, además de delitos fiscales- y al expresidente del Govern balear, Jaume Matas, por citar a algunos. Sin embargo, Castro, decidía el sobreseimiento provisional para otros, como Carlos Garcia Revenga, secretario personal de la Infanta.

     

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