• Anticorrupción censura a la Sepi y a Hacienda

    El Mundo– La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito al juez Pablo Ruz en el que critica la falta de «control» de Hacienda y de laSociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) sobre la empresa pública Defex, dedicada a la venta de armas e imputada por desviar a paraísos fiscales parte de los 153 millones de euros de un contrato para el suministro de material policial a Angola.

    En el caso de la Sepi, el fiscal Conrado Saiz considera que «tendría que haber ejercido algún control» para que Defex actuara como corresponde a una empresa pública. En cuanto a Hacienda, lamenta que trate a Defex de forma «privilegiada», negándose a inspeccionarla pese a la palmaria ocultación de fondos destapada. Las afirmaciones se recogen en un escrito en el que el fiscal pide a laAudiencia Nacional que rechace la solicitud de Defex de que se levante su imputación.

    Según la investigación, los responsables de Defex -participada al 51% por la Sepi- y de Comercial Cueto -su socio privado en el contrato con Angola- desviaron 42 millones de euros a Luxemburgoque se repartieron y justificaron con facturas falsas. Hacienda estima que ese fraude no debe tener ninguna trascendencia tributaria para Defex. Alega que sus cuentas deben contabilizarse junto a las del resto de sociedades de la Sepi y, como estas arrojan resultados ruinosos, los beneficios ocultados se diluyen en las pérdidas.

    A la privada Cueto, sin embargo, Hacienda sí le hizo una «inspección total» tras estallar el escándalo y le atribuye tres presuntos delitos fiscales por defraudar 13,5 millones de euros. «Nos encontramos», concluye el fiscal, «que por unos mismos hechos dos sociedades mercantiles son tratadas de forma diferente con la agravante de que la que recibe el trato privilegiado es la empresa pública, y además con el mensaje claro y sin pudor alguno de que cualquier empresa pública que conforma la Sepi puede defraudar a la Hacienda Pública sin ningún tipo de consecuencias».

    El Ministerio Público rechaza que se pueda aplicar el sistema de consolidación fiscal a Defex, ya que la ley exige que para ello la participación pública en la sociedad afectada sea del 70% y en Defex es del 51%. En cualquier caso, añade, «Defex siempre debería responder por un presunto delito de fraude contable -distinto al delito fiscal-, al no haber sido veraz en su declaración. Además, sería cómplice o incluso cooperador necesario en los tres delitos atribuidos a la empresa Cueto».

    Enriquecimiento ilícito

    El fiscal remata este apartado considerando que lo sucedido «no sólo supone una infracción legal sino también una injusticia para todos los ciudadanos que no puede pasar desapercibida en tiempos de una importante crisis económica como la que estamos sufriendo». Al margen del régimen tributario, Defex alega ante el juez que como empresa pública que presta servicios de interés general no puede ser imputada en ningún caso, conforme a la excepción que recoge elCódigo Penal.

    El fiscal niega que el contrato investigado revele ningún beneficio público. Sí, en cambio, «importantes indicios que nada tienen que ver con llevar a cabo políticas públicas y de interés económico general, sino con una operación económica fraudulenta para obtener un enriquecimiento ilícito de sus intervinientes». En el recurso contra su imputación que el fiscal impugna, Defex se apoya en una comunicación de un responsable de la Sepi que indica que la mercantil es «un instrumento de política industrial para fomentar la exportación del sector de la Defensa». Tras ironizar con que «la única internacionalización» detectada en este caso corresponde «a la transferencia de dinero que ha circulado por los distintos países y paraísos fiscales», el fiscal critica que ese alto cargo se centre en «aspectos formales» y «afirmaciones teóricas» sobre Defex, mientras «silencia» el verdadero resultado del contrato. Y añade que la Sepi «tendría que haber ejercido algún tipo de control» sobre Defex para evitar lo sucedido. El fiscal remata sus críticas a la Administración señalando que «resulta llamativo que tal actuación haya pasado desapercibida para los organismos públicos reguladores», y que tuviera que ser «la Autoridad Judicial de Luxemburgo» la que informara a Anticorrupción de lo que estaba sucediendo.

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