• Condenan al dueño de Contsa a 22 meses de cárcel por delito fiscal y absuelven a su exmujer

    20 Minutos– La juez de lo Penal número 10 de Sevilla ha condenado a un año y diez meses de cárcel y al pago de una multa de 3.336.358,25 euros al dueño de la inmobiliaria Contsa Corporación Empresarial, José Salas Burzón, por dos delitos contra la Hacienda Pública tras haber defraudado a Hacienda en los años 2005 y 2006, y ha absuelto a su exmujer, María del Carmen Bautista.

    En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez condena también a José Salas por estos dos delitos en los que aplica la atenuante de dilaciones indebidas a pagar a la Hacienda Pública 1.112.079,67 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que lo absuelve de los dos delitos contra la Hacienda Pública que se le imputaban en concepto del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004.

    Asimismo, la juez absuelve a su exmujer de los cuatro delitos contra la Hacienda Pública que se le imputaban correspondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006 en concepto de cooperadora necesaria, por los que la Fiscalía le pidió en el juicio celebrado el pasado 22 de julio hasta cuatro años de cárcel, mientras que para José Salas pidió siete años de prisión.

    La juez Encarnación Gómez considera probado que el matrimonio presentó la declaración de la renta entre 2003 y 2006 y la Agencia Tributaria advirtió de la existencia “de ingresos no justificados en diferentes entidades bancarias de las que José Salas era titular único” y que, además, no habían sido declarados en el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) de esos ejercicios, añadiendo que los ingresos no justificados “fueron realizados por el mismo acusado o por terceras personas con su conocimiento y consentimiento”.

    Al hilo de ello, la magistrada dice que el acusado era titular de hasta siete cuentas corrientes en las que se efectuaron estos ingresos, precisando que, en el año 2003, los ingresos no justificados ascendieron a 98.500 euros, mientras que en 2004 sumaron 241.600 euros; en 2005 ascendieron a 880.000 euros, y en 2006 fueron de 1.420.795 euros.

    La juez subraya que “los importes ingresados en las referidas cuentas y no justificados no coinciden con las aportaciones efectuadas desde las diferentes cuentas particulares del acusado a favor de Contsa”.

    La acusada tenía como única ocupación “las labores del hogar”

    De su lado, considera probado que su ya exesposa “tenía por única ocupación las labores del hogar y durante su matrimonio consintió en figurar como accionista, partícipe y administradora de algunas sociedades constituidas durante esta relación matrimonial, así como ser titular” de determinadas cuentas bancarias.

    Además, ostentó en la sociedad President Patrimonio el 80 por ciento del capital social y el cargo de administradora única, correspondiendo el 20 por ciento restante a sus dos hijos menores, a pesar de lo cual era José Salas el que “controlaba los aspectos económicos y fiscales del matrimonio”.

    La juez dice que “no consta acreditado” que la acusada “conociera los movimientos de las cuentas de las que era titular” a pesar de que “firmara en su momento la declaración de renta obrante en autos”, afirmando que “no se puede afirmar de forma inequívoca y concluyente que la acusada conociera la intención de eludir en la declaración del impuesto de las personas físicas de los 2003, 2004, 2005 y 2006 los ingresos efectuados en las cuentas de las que era titular en beneficio personal o familiar”.

    La juez recuerda que, en el juicio, José Salas “no ratificó” la declaración prestada en fase de instrucción, cuando exculpó a su ex, sino que afirmó que ésta “era la responsable y administradora” única de la entidad patrimonial referida y que él no tuvo participación alguna en la confección de la declaración de la renta del periodo reclamado, y en consecuencia no controlaba los aspectos económicos y fiscales del patrimonio familiar.

    Al hilo de ello, la magistrada considera que la declaración prestada en fase de instrucción por el dueño de Contsa “merece mayor credibilidad que la versión exculpatoria que ofreció en el plenario, en la que se evidenció una animadversión hacia su exesposa y un afán evidente de perjudicar a ésta”.

    Frente a ello, la imputada afirmó que ella ostentaba el cargo de administradora única de President Patrimonio pero que “se limitaba a firmar los documentos que su marido le pedía porque confiaba en él, quien siempre se ha encargado de las empresas de la familia”.

    La versión del dueño de contsa “no resulta creíble”

    La juez sostiene que, “aunque infunde más credibilidad esta declaración que la de Salas, es insuficiente para considerar a éste responsable en concepto de autor material de los delitos que la acusación le imputa también a ella en concepto de cooperadora necesaria”, ya que “la versión que cada coimputado mantiene en el plenario no fue corroborada por otras pruebas”.

    Ello impide, por tanto, “estimar la petición de condena deducida con respecto a Salas por el importe del incremento patrimonial no justificado en las cuentas cuya titularidad ostentaba su esposa”, ya que “la atribución a Salas de la maquinación para eludir el pago de los impuestos que corresponden exclusivamente a la acusada para favorecer, en perjuicio de otros, el patrimonio familiar constituye una simple presunción en modo alguno suficiente para estimar la petición de condena del acusado” respecto a los ingresos no justificados ni declarados por su cónyuge durante los cuatro ejercicios fiscales referidos.

    No obstante, el dueño de Contsa sí es responsable de los dos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los años 2005 y 2006 “por el incremento patrimonial no declarado ni justificado en la declaración de renta de los ejercicios indicados y que se evidencia en los ingresos que constan en las cuentas corrientes de las que es titular”, puesto que la versión que ofreció en el juicio “ni resulta creíble ni fue acreditada por el perito propuesto por la defensa”.

    “Opacidad fiscal”

    En la vista oral, el acusado relató que “solicitó diversas pólizas de crédito personal con el fin de garantizar la liquidez de Contsa, y como era el dueño de la sociedad, transfería dinero a ésta en la medida que lo necesitaba y cuando Contsa recibía ingresos, reintegraba a su cuenta personal el importe adelantado a través de anotación en cuenta, sin intereses ni comisión”.

    La juez dice que “la coincidencia de entidad y de fecha de las anotaciones no justifica en modo alguno el importe ingresado en la cuenta de Salas, quien no ofreció una explicación coherente y lógica pudiendo hacerlo, puesto que él fue quien pidió a las diferentes entidades bancarias las pólizas para garantizar la solvencia de Contsa, y en cualquier caso realizó esta operación de préstamo de forma irregular con el fin de disfrutar de mayor opacidad fiscal y sólo él puede aclarar el origen de estos ingresos, de tal forma que la falta de prueba sobre unos datos que sólo él puede aportar al proceso no debe beneficiarle”.

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