• Entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

    Entra en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal

    La reformada Ley de Enjuiciamiento Criminal ha entrado en vigor el lunes 7 de diciembre, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos meses atrás.

    Una de las principales novedades hace referencia a los plazos de instrucción, en concreto la norma obliga a acortarlos previendo un plazo ordinario de seis meses para la instrucción de causas ordinarias y de dieciocho para las más complejas, con la posibilidad de prorrogarlo hasta los treinta y seis meses. En el caso de solicitarse ampliación de plazo, deberá hacerlo el fiscal o, en casos excepcionales, otras partes personadas, pero no podrá solicitarla el juez de instrucción.

    La intención de la nueva norma es que las investigaciones de grandes temas de corrupción se prolonguen más de tres años. Aunque la fijación de plazos ha supuesto un problema para la Fiscalía, que ha detectado 370.000 causas por revisar antes de que expiren los seis meses fijados para las causas sencillas o los 18 para las complejas.

    Por otro lado, la nueva ley  elimina el uso del término “imputado”, sustituyéndolo por el de “investigado”, durante la primera fase de instrucción, y por el de “encausado”, en el caso de que haya indicios que indiquen que se está cometiendo un delito.

    La reformada norma permite además la interceptación de todo tipo de comunicaciones electrónicas a través de cualquier dispositivo que se use.  Por primera vez se regula el registro y la intervención de las comunicaciones telefónicas, así como las telemáticas, como son los SMS, el correo electrónico o los mensajes de Whatsapp, siempre y cuando se cuente con autorización judicial. El juez puede autorizar las intervenciones siempre que el delito que se está investigando conlleve más de tres años de cárcel, siempre que lo cometa una organización criminal y cuando esté relacionado con el terrorismo. Sin embargo, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, en caso de urgencia, el ministro del Interior ordene a la policía intervenir las comunicaciones privadas. Si esto ocurre, deberá comunicársele al juez competente en un plazo no superior a veinticuatro horas. Éste último tiene la capacidad de aceptar o revocar la intervención ordenada por Interior en un plazo de 72 horas.

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