• La segunda instancia en el proceso penal

    La segunda instancia en el proceso penal

    En el derecho procesal penal español la apelación se concibe como un recurso de segunda instancia limitado donde los interesados solamente pueden recurrir resoluciones judiciales en base a los mismos elementos materiales enjuiciados en la primera instancia y, de manera excepcional, cabe aportar nuevos elementos de prueba. De esta manera, el Tribunal superior se halla constreñido a la valoración de los elementos probatorios efectuados en la primera instancia.

    Así pues, nuestro sistema de recursos en el proceso penal parte del principio de única instancia, incluyendo el recurso de casación. Las sentencias dictadas en los juicios de faltas, juicios rápidos (Juzgados de Instrucción) y en los procedimientos abreviados competencia de los Juzgados de lo Penal pueden ser recurridas en apelación (Audiencia Provincial), mientras que las sentencias dictadas en los procesos por delitos más graves solo pueden recurrirse en casación. Como consecuencia, el condenado por delitos más graves (Audiencias Provincial y Nacional) únicamente puede recurrir su sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo por medio del limitado recurso de casación, recurso extraordinario que, a diferencia del recurso de apelación, no permite una cognición amplia de la cosa juzgada, sino que solamente se permite por motivos tasados y su finalidad no es otra que la de controlar la aplicación del derecho a los hechos definitivamente preestablecidos en la instancia. De este modo, el derecho procesal español se rige por un principio en el que la garantía procesal es inversamente proporcional a la gravedad de la pena.

    Con la intención de garantizar la segunda instancia penal y con el fin de acabar con la falta de homogeneidad en el orden penal, el legislador modificó la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por medio de la LO 19/2003, de 23 de diciembre, en virtud de la cual, generalizaba la apelación penal reformando así las competencias de las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, otorgándoles el conocimiento de los recursos de apelación contra resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales (art.73.3 c), y creando una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional con la facultad de resolver recursos de apelación contra las sentencias de la Sala de lo Penal (art.64 bis).

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