• Reforma del Código Penal

    Desde 1995 se han producido veinticinco reformas del Código Penal. La última reforma, aprobada en 2015, modifica instituciones básicas, como el sistema de penas (introduciendo la prisión permanente), suprime las faltas y crea una nueva división entre delitos graves y leves. En definitiva reformula, reemplaza o modifica unos 240 artículos de la última versión del Código Penal de 1995.

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    Sin embargo, la citada reforma incorpora un aspecto positivo que consiste en regular al detalle la implementación de los modelos de prevención de delito, una cuestión que resulta innovadora e interesante para el ámbito empresarial. De esta manera se da respuesta legislativa a la anterior decisión política de introducir dicha obligación en el Código Penal y de las consecuencias legales del cumplimiento o incumplimiento de la misma.

    En el ámbito aplicativo del derecho penal económico, lo que resulta más relevante de la reforma es la regulación de la responsabilidad de la persona jurídica. El art. 31 bis supuso una novedad trascendental de la reforma aprobada por LO 5/2010 de 22 de Junio, puesto que por primera vez se regulaba la responsabilidad penal de la persona jurídica y sus circunstancias de atenuación. Esta novedad supuso que acabara la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico del principio societas delinquere non potest, ya que se preveía la posibilidad de que la persona jurídica sea penalmente responsable de los hechos delictivos que cometan las personas físicas que la integran.

    Esta misma reforma introduce además la recomendación legal para las empresas de adoptar los denominados sistemas de prevención de delitos, también conocidos como compliance programs, lo cual significa la creación de programas cuya finalidad es prever y evitar que se perpetren delitos en el seno de la empresa. Así pues, el artículo 31 bis recoge como eximente completa de la responsabilidad penal de la persona jurídica (o atenuante si la prueba es parcial) el establecimiento, antes de la apertura de juicio oral, en el seno de la estructura de la persona jurídica, de programas dirigidos a prevenir la comisión de delitos.

    La exención de responsabilidad penal para los representantes legales, o personas facultadas por la sociedad para ejercer funciones de vigilancia y control de su actividad, siempre queda supeditado al cumplimiento de las siguientes condiciones:

    1. El órgano de administración debe haber adoptado y puesto en marcha eficazmente, antes de que se comita el delito, modelos de organización y administración que comprendan medidas de vigilancia y control adecuadas para prevenir delitos o para mitigar el riesgo de su comisión.

    2. La supervisión y funcionamiento de tales modelos de prevención debe ser confiados a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos o facultades para supervisar la eficacia de los controles internos de la empresa.

    3. Los autores individuales del delito deben haber eludido los modelos de organización y prevención.

    4. El órgano de control no debe haber incumplido sus deberes de inspección o haberlos ejercido de manera insuficiente.

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