• Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

    La reforma del Código Penal aprobada en 2015 significa una modificación importantísima en la responsabilidad penal de la persona jurídica, a la vez que establece una normativización de los Modelos de Prevención de Delitos.

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    La responsabilidad Penal de la Persona Jurídica está vigente en España desde la reforma que se llevó a cabo con la Ley Orgánica 5/2010. Esta normativa introducía por primera vez la responsabilidad penal de la sociedad mercantil.

    Con la reforma del Código Penal se instaura la necesidad de implantar Modelos de Prevención de Delitos con los que se consiga evitar el quebrantamiento de la ley en el seno de la empresa.

    Pero además, la LO 5/2010 atribuía en una doble vía la responsabilidad penal a las personas jurídicas, conforme a si el delito es cometido por los representantes legales de la persona jurídica (actuación directa) o por otras personas con la pasividad de los representantes (actuación descontrolada).

    Con la última modificación del Código Penal se da un paso de gigante en la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas y se disipan las dudas que generaba el sistema mixto de responsabilidad introducido por la citada normativa. Se establece para ello un modelo de autorresponsabilidad que reconoce la posibilidad de que la persona jurídica atenúe o exima su responsabilidad, siempre y cuando, adopte eficazmente un modelo de prevención de delitos.

    Tan importante son para el legislador dichos modelos que les atribuye el poder de actuar como eximentes o atenuantes de esta responsabilidad, motivo por el cual normativiza su contenido estableciendo los requisitos legales mínimos que debe contemplar:

    1. Identificar las actividades en que puedan cometerse delitos.

    2. Establecer protocolos que permitan determinar el origen de las decisiones y de su ejecución por parte de la persona jurídica.

    3. Disponer de medios de gestión de los recursos financieros para impedir la comisión de hechos delictivos.

    4. Establecer la obligación de informar al organismo encargado de la vigilancia sobre los posibles riesgos e incumplimientos.

    5. Implantar un sistema disciplinario para los supuestos de incumplimiento de las medidas.

    6. Verificar periódicamente el modelo de prevención de delitos y modificarlo cuando se produzcan infracciones relevantes o cambios ya sea en la legislación aplicable o en la organización y estructura de la persona jurídica.

    Respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica se mantiene la actual regulación de las circunstancias atenuantes por actos posteriores a la comisión del delito, que siguen siendo haber procedido a la confesión; colaborado en la investigación aportando pruebas; haber reparado o disminuido el daño causado; o establecido antes del enjuiciamiento medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos en el marco de la persona jurídica.

    Finalmente, se conserva la exención de responsabilidad penal para las personas jurídicas públicas, es decir, el Estado, las Administraciones Territoriales e Institucionales, Organismos Reguladores, Agencias y Entidades Públicas empresariales, Organizaciones Internacionales de Derecho Público, etc. Se suprime la exención para las Sociedades Mercantiles Estatales, que ahora podrán ser objeto de punición.

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